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El texto de la regularización extraordinaria de personas migrantes en España ya se encuentra subido a audiencia pública. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, abre un periodo de participación ciudadana para recabar aportaciones antes de su aplicación. El Consejo de Ministros aprobó este martes el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica al sistema. Se trata del primer hito dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, una norma que responde a los objetivos de la reforma laboral de 2021. La norma delimita la frontera entre las relaciones laborales y las actividades formativas y permitirá erradicar prácticas fraudulentas que encubren una relación laboral, lo que supondrá el incremento del empleo juvenil. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que la aprobación de la norma es muy oportuna porque ayer se superó la cifra de dos millones de jóvenes que han cotizado durante sus prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024, de los que el 56% son mujeres. "El conocido como Estatuto del Becario que hoy hemos aprobado incide en esta línea, garantiza derechos y evita el abuso de los jóvenes estudiantes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral", ha remarcado.

Rosanna Rosario es esteticista en Santander, donde gestiona un negocio de belleza junto a su sobrina Yosanna, manicurista. “Cuando llegué a España me dedicaba a cuidar personas mayores, pero vi que no era lo mío. Entré en el mundo de la belleza con mucho esfuerzo y estoy muy contenta. Puedo decir que no ha sido nada fácil”, relata esta mujer dominicana de 48 años.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Segovia que condenó a una asesora jurídica a dos años de cárcel por estafa en la tramitación de papeles para inmigrantes. Ratifica también la obligación de indemnizar con 2.000 euros a cada uno de los cuatro perjudicados. El tribunal la absolvió, no obstante, de un delito de intrusismo.

“Es un triunfo que nos va a cambiar la vida porque nos da la oportunidad a miles de personas de salir de la oscuridad en la que estábamos”. Lidia Lozano, una hondureña de 62 años, llegó hace cuatro años a Jaén junto a su hija, Georgina, de 41 años. Desde entonces han tenido una travesía laboral marcada por la precariedad y la inseguridad jurídica, primero en el sector agrícola y ahora ya como cuidadoras de personas mayores.

Se rechaza por el Tribunal Supremo la suspensión de la regularización de inmigrantes