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El texto de la regularización extraordinaria de personas migrantes en España ya se encuentra subido a audiencia pública. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, abre un periodo de participación ciudadana para recabar aportaciones antes de su aplicación. El Consejo de Ministros aprobó este martes el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica al sistema. Se trata del primer hito dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, una norma que responde a los objetivos de la reforma laboral de 2021. La norma delimita la frontera entre las relaciones laborales y las actividades formativas y permitirá erradicar prácticas fraudulentas que encubren una relación laboral, lo que supondrá el incremento del empleo juvenil. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que la aprobación de la norma es muy oportuna porque ayer se superó la cifra de dos millones de jóvenes que han cotizado durante sus prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024, de los que el 56% son mujeres. "El conocido como Estatuto del Becario que hoy hemos aprobado incide en esta línea, garantiza derechos y evita el abuso de los jóvenes estudiantes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral", ha remarcado.

Rosanna Rosario es esteticista en Santander, donde gestiona un negocio de belleza junto a su sobrina Yosanna, manicurista. “Cuando llegué a España me dedicaba a cuidar personas mayores, pero vi que no era lo mío. Entré en el mundo de la belleza con mucho esfuerzo y estoy muy contenta. Puedo decir que no ha sido nada fácil”, relata esta mujer dominicana de 48 años.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Segovia que condenó a una asesora jurídica a dos años de cárcel por estafa en la tramitación de papeles para inmigrantes. Ratifica también la obligación de indemnizar con 2.000 euros a cada uno de los cuatro perjudicados. El tribunal la absolvió, no obstante, de un delito de intrusismo.

“Es un triunfo que nos va a cambiar la vida porque nos da la oportunidad a miles de personas de salir de la oscuridad en la que estábamos”. Lidia Lozano, una hondureña de 62 años, llegó hace cuatro años a Jaén junto a su hija, Georgina, de 41 años. Desde entonces han tenido una travesía laboral marcada por la precariedad y la inseguridad jurídica, primero en el sector agrícola y ahora ya como cuidadoras de personas mayores.

Se rechaza por el Tribunal Supremo la suspensión de la regularización de inmigrantes

El ritmo de crecimiento de la afiliación extranjera se ha disparado desde el pasado mes de abril, coincidiendo con la apertura del proceso legal

El Gobierno ha recibido ya 549.546 solicitudes de inmigrantes que quieren acogerse al proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha en abril, y de esas solicitudes se han admitido a trámite, de momento, 91.905. Los datos los ha aportado la Abogacía del Estado durante las vistas que se han celebrado en el Tribunal Supremo para debatir la suspensión cautelar del proceso de regularización que piden la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones de ultraderecha que esgrimen el supuesto “impacto” en los servicios sanitarios o la alteración del censo electoral que, aseguran, tendrá la regularización.

La regularización no concede automáticamente el derecho a voto. La participación en las elecciones generales y autonómicas está reservada únicamente a las personas con nacionalidad española. La nacionalidad no se consigue con la regularización, sino que es necesario acreditar, al menos, 10 años de residencia “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” como norma general y dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. También hay que realizar dos pruebas en el Instituto Cervantes, además de cumplir otros requisitos.

La campaña de la declaración de la Renta afronta sus últimas horas de tramitación con el agua al cuello para los más rezagados. Expertos en economía y fiscalidad coinciden en que uno de los errores más frecuentes que provoca pagar de más en el IRPF es confirmar el borrador de la Agencia Tributaria de forma automática, sin revisar las deducciones autonómicas.

Además, el 29 de junio es también el último día para pedir cita previa para atención presencial en oficinas de la Agencia tributaria. Y, finalmente, el 30 de junio es la última jornada para hacer la declaración por cualquiera de las modalidades: internet, atención telefónica o presencial, teniendo en cuenta que en estos dos últimos casos siempre hace falta cita previa. Este es el calendario final de la campaña de la Renta 2025. Hay que recordar que el IRPF, el impuesto por el que tributan las personas físicas, empresarios individuales, profesionales, sociedades y entes sin personalidad jurídica que residen fiscalmente en España, grava una vez al año fundamentalmente sueldos e ingresos de trabajadores autónomos, alquileres, intereses bancarios o inversiones y ganancias patrimoniales, entre otros ingresos, una vez descontados los gastos y la situación económica y personal.

La fecha límite para cumplir con la cita anual con Hacienda está a la vuelta de la esquina. El próximo 30 de junio será el último día que tendrán los contribuyentes para presentar la declaración de la renta, en una campaña del IRPF que arrancó el pasado 8 de abril para los ingresos percibidos en 2025. En la primera fase, se hizo de manera telemática y, a partir del 6 de mayo, los contribuyentes pudieron recibir ayuda telefónica de la Agencia Tributaria para presentar la declaración. El 1 de junio, además, comenzaron las citas presenciales en oficinas tributarias, para quien quiera acudir personalmente a resolver sus dudas.

Saiz ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con entidades colaboradoras en materia de extranjería en la Delegación del Gobierno en Baleares, a una semana de que finalice el plazo para acogerse al procedimiento, que concluye el próximo 30 de junio. La ministra ha agradecido el trabajo de las más de 40 entidades que participan en el proceso en Baleares y ha destacado la colaboración entre administraciones y sociedad civil para sacar adelante una iniciativa que, según ha señalado, busca "dar derechos a personas que ya viven junto a nosotros".