Según ha detallado la teniente durante su declaración como testigo en el marco de una causa sobre criminalidad organizada y tráfico de drogas que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la información se remitió desde Europol a la unidad técnica de la policía judicial (UTPJ) y de ahí se derivaba a su unidad, en la provincia de Cádiz. Algunas veces pasaba previamente por otro equipo situado en Sevilla.
La localización de las personas, el contenido de los mensajes y toda la información manejada por la Guardia Civil tras ser enviada oficialmente como respuesta a la orden europea de investigación ya se encontraba previamente en su poder, según ha declarado. Esto es lo quevienen señalando desde hace meses las defensas en múltiples casos, en los que sus clientes se han visto afectados por la interceptación de estas comunicaciones. “A nosotros, a nivel policial nos facilitan la información antes de que llegue al juzgado, para ver si hay algo de interés antes de solicitar la OEI”, manifiesta la testigo en el acto a cuyo contenido ha tenido acceso Economist & Jurist.Esta unidad no tiene acceso a todo el contenido intervenido sino a “aquello que nosotros solicitamos por ser de interés para la investigación». Se trata de peticiones que se hacen “por escrito”, afirma. A preguntas de una de las letradas que interviene en la toma de declaración, la teniente explica que una de las órdenes europeas de investigación emitidas sobre un dispositivo se amplió tras recibir informaciones de las que no disponían previamente. ¿Quién le informó de esa ampliación?, pregunta la abogada. “Eso a nivel Guardia Civil se informó genérico”, responde la teniente, que afirma que la solicitud por la que le preguntan se hace tras una incautación de droga y que sin la prueba obtenida de las intervenciones de comunicación habrían identificado igualmente a todos los investigados.