La Iglesia pretende desahuciar a unos empresarios a los que alquiló una finca, una bodega y una vivienda por el impago de 46.994 euros de un alquiler que se realizó como alternativa temporal a la venta por la que los empresarios se habían interesado, porque los bienes no reunían los requisitos para ser vendidos. Fueron ofertados en 2019 y hoy por hoy, la situación no ha cambiado. Uno de los inmuebles que pretendían vender ni siquiera figura inscrito en el registro de la propiedad a nombre de la Diócesis de Ourense o de la propietaria, su sociedad, Seminare, según una de las partes implicadas en este litigio en el que se ha producido un cruce de demandas en la batalla legal por un viñedo.
En el año 2019, un portal de compraventa de fincas, Aldeas Abandonadas Inmobiliaria, ofrecía una “bodega en venta de prestigio para enoturismo opcional por 975.000 euros”. Decía contar con todas las instalaciones y permisos necesarios para la elaboración, comercialización y embotellado de vino de gran calidad. Cuando los empresarios, Vides Singulares, contactaron con ellos mostraron su intención de proceder a la compra e hicieron una oferta. Sin embargo, resultó que los bienes no podían ser vendidos porque estaban a nombre de la Diocesis de Ourense cuando debían figurar a nombre de la sociedad que los tenía arrendados con derecho a subarriendo, Seminare SLU (cuya socia única es la Diocesis de Orense); debían cancelar las cargas hipotecarias que las fincas tenían con el Banco Santander; y la bodega, único bien que figuraba como propiedad de Seminare, que ponían en venta ni había sido inscrita en el registro ni constaba como obra nueva. Como solución temporal, mientras se solventaban estos aspectos, las dos partes acordaron comenzar con un contrato de arrendamiento, que se firmó al mismo tiempo que una promesa de venta por parte de la Iglesia.