El Tribunal Supremo ratifica la condena al Ayuntamiento de Cádiz de indemnizar con 600 euros por daños morales a una trabajadora social de dicha corporación por vulnerar su derecho fundamental a la igualdad retributiva.
La actora prestó sus servicios para el Ayuntamiento mediante un contrato que excluía la aplicación del convenio colectivo de dicha corporación, obedeciendo su contratación a medidas de fomento del empleo reguladas por normativa específica. Dicho convenio recogía un listado de las diferentes categorías de trabajadores, sin que contemplara la de trabajadora social (la ostentada por la demandante), aunque sí la de técnico medio base (a la que atribuía unos ingresos superiores a la categoría de la trabajadora y que la Sala del TSJ de Andalucía consideró asimilable).La actora demandó al Ayuntamiento de Cádiz, solicitando en la demanda que se dictara sentencia en la que se declarase la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad de trato; así como se condenara a la institución a abonarle una indemnización por posibles daños y perjuicios que hubieran podido derivar de dicha vulneración.