El Tribunal Constitucional ha determinado que las resoluciones de la Administración, de un juzgado de Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad y del Tribunal Supremo vulneraron el derecho a la legalidad sancionadora de una persona que se encontraba en situación irregular en España al avalar su expulsión, a pesar de que la medida indicada en la norma nacional para un caso como el suyo era la imposición de una multa y no la expulsión del territorio.