Los rescates a la banca 15 años después: ¿temporales o perpetuos?

La quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos hizo temblar los cimientos de una parte de las entidades financieras europeas –en su mayoría, cajas de ahorros– hace más de una década como consecuencia de una crisis de solvencia que les colocó en terrenos pantanosos. Entonces, una quincena de Estados de la Unión Europea se vieron obligados a salir a su rescate a través de diversos instrumentos financieros, llegando a tomar participaciones en su capital de forma temporal –como exigían las ayudas de Estado de la Comisión Europea– desde 2008 y, salvo contadas excepciones, siguieron hasta 2015 con motivo de la crisis de deuda soberana. Pero, ¿cómo están estas participaciones quince años después de los primeros rescates?Apenas la mitad de los países han conseguido deshacerse de esta inversión en su totalidad y algunos de ellos ni siquiera han empezado este camino. En un punto intermedio están gran parte de las operaciones, entre ellas la de España en el caso de CaixaBank –heredada de las antiguas cajas de ahorros que pasaron a manos de Bankia–. Pero la reciente venta por el Gobierno italiano de una parte de Monte dei Paschi, la venta por parte de Holanda de una porción de su participación en ABN AMRO y la salida parcial del Banco Nacional de Grecia del Fondo Helénico de Estabilidad han vuelto a poner este tema sobre la mesa.
Empezando por el caso español, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ostenta actualmente un 17,32% de CaixaBank, una participación valorada a precio de mercado en unos 5.000 millones de euros. Este porcentaje fue el obtenido tras la fusión de la propia caja catalana y Bankia, de la que el Estado ostentaba un 61,8% como consecuencia de la fusión de un grupo de cajas de ahorros regionales que recibieron ayuda pública, como Banco Mare Nostrum (BMN) hasta los años 2012 y 2013. El Gobierno vendió una participación del 7% en Bankia en diciembre de 2017. El plazo para que el Estado salga de CaixaBank se ha alargado en varias ocasiones y actualmente se extiende hasta el 26 de diciembre de 2025, tal y como se acordó en el Consejo de Ministros de diciembre de 2022, si bien se puede prolongar llegado el momento si se considera necesario. Y es que la estrategia de desinversión está orientada a maximizar el rendimiento de la venta de la participación, optimizándose así la recuperación de ayudas públicas. En este sentido, desde el FROB señalan que para conseguir este objetivo es "fundamental un seguimiento cercano y una experiencia y conocimiento profundo del mercado de capitales". Por ello, cuentan con asesores externos que ayudan en la toma de decisiones.