Hacienda da una moratoria de tres años para aplicar el tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades a las empresas
Desde el pasado uno de enero están en vigor nuevas y pioneras normas de la Unión Europea (UE) por las que se introduce un tipo mínimo de imposición efectiva del 15% para las empresas multinacionales con actividades en los Estados miembros.Esta normativa aportará mayor equidad y estabilidad al panorama tributario de la UE y a escala mundial, al tiempo que logrará que la fiscalidad sea más moderna y esté mejor adaptada al actual mundo globalizado y digital.La entrada en vigor de las normas mínimas en materia de imposición efectiva, acordadas por unanimidad por los Estados miembros en 2022, formaliza la aplicación por parte de la UE de las normas del denominado “Segundo Pilar” aprobadas como parte del acuerdo mundial sobre la reforma fiscal internacional en 2021.
«El nuevo año supone un punto de inflexión para la fiscalidad de las grandes multinacionales. La entrada en vigor en Europa marca un paso muy importante hacia un sistema impositivo más justo», subrayaba el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a través de un comunicado.Para el dirigente italiano, reducir los incentivos para que las empresas trasladen su actividad a paraísos fiscales evitará lo que se llama «una carrera hacia el abismo», es decir, que los gobiernos reduzcan la regulación en materia empresarial para atraer inversiones al su territorio.Sin embargo, en nuestro país, los grandes grupos nacionales y multinacionales no tendrán que pagar hasta 2027 el nuevo impuesto complementario que garantiza una tributación mínima del 15%.El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero reconoce que este tributo supondrá un «elevado» coste de implementación para las compañías durante los primeros años «dada la complejidad y novedad de la regulación» que introduce por lo que «se adoptan medidas específicas para paliar este efecto, al menos al principio».Así lo contempla el anteproyecto de ley por el que se establece este tributo y que reconoce que la tasa supondrá un «elevado» coste de implementación para las compañías durante los primeros años «dada la complejidad y novedad de la regulación» que introduce.
